En los no pocos medios que hicieron eco de la noticia, se nombró (como si fuera de carácter obligatorio) las grandes desventajas que trae consigo la piratería, entre ellas la más destacada: las pocas ventas del sector y el supuesto daño que eso le hace al 'artista'. Veamos.

Éste último motivo se ha convertido en el estandarte de Capif y toda la mersa, pero hay algo que me dejó pensando: aún luego de restarle los índices inflacionarios correspondientes al primer cuatrimestre del año (le resté un 5%, pero sé que fue una exageración de todas formas), facturaron más de 90 millones de pesos, vendiendo casi 5 millones de CDs, Cassettes, etc.; un 8% más que en el mismo período del año anterior.
[fuente: Mercado Total Acumulado, informe de la misma Capif]

Entonces, queridos representantes de la industria discográfica ¿Donde hace mella que los argentinos se bajen 421 millones de canciones al año [Segunda gacetilla con fecha 15.11.05]?
Si sus números no mienten, ¿Dónde está el problema, si inclusive Uds facturan más que años anteriores? ¿No será lo que tanto demonizan como una trampolín para que suciedades de gestión como Uds facturen cifras irrisorias en un país que tiene al 45% de su población en la pobreza?

Y ya que estamos tan preguntones ¿De qué lugar extraen las cifras que señalan 421 millones de canciones bajadas, para hacer un total de 31 millones de discos, comparados con los 14 millones de discos "legales" que se venden por año en la Argentina? ¿O qué? ¿Los dueños(?) de los p2p les cedieron gentilmente las cantidades de downloads correspondientes a este sector del continente? Como consumidor acusado sin pruebas o como un simple 'usuario' de sus 'servicios' quiero fuentes, gente. Fuentes confiables que reflejen la realidad.

Este post fue motivado por una excelente entrada en Zona Indie (la cual recomiendo que lean para conocer las mentiras o las verdades a medias que publicaron los medios) que me dejó pensando: en nuestro país hay apenas esbozos de leyes que atañen a la Red: condenas a Spammers, proyectos para regular el e-commerce; pero también ninguna cosa en que basarse (ni jurisprudencia nacional!) para enmarcar legalmente las descargas de archivos de internet.
En base a esto, solo queda una sola cosa por decir: la actividad de descargarse cosas de la Web es no está penada porque NO hay legislación competente.*

Paradójicamente es así: por primera vez un limbo judicial "defiende" nuestros derechos.

* Seguramente a los presuntos "delincuentes" negociaron con Capif y demás porque el proceso o los juicios serían engorrosamente largos y los costes de los mismos serían harto más caros que el de arreglar por afuera(?).